27 F

Luis Larraín

Por Dios que es difícil en nuestro país analizar los temas importantes sin caer en los alineamientos políticos. A dos años del terremoto del 27 de febrero del 2010 es tiempo de sacar algunas conclusiones.



Lo primero, es que algunas instituciones fallaron de manera lamentable. El SHOA y la Onemi fueron ejemplos de ineptitud y mala gestión realmente preocupantes. Desalineadas con lo que es el nivel de desarrollo que exhibe el país, ambas instituciones públicas, una civil y una militar, han debido requerir urgentes reformas para estar a la altura de lo que el país necesita.

En la Onemi estas reformas parecen haber estado realizándose a juzgar por sus actuaciones en emergencias posteriores. Igual sería conveniente que el ministro Rodrigo Hinzpeter dé un completo informe respecto a las actuales capacidades de una institución tan importante. En el SHOA, más allá de los cambios de personas, hay poca información. Buena oportunidad también para que el ministro Allamand informe a la ciudadanía sobre el estado de las cosas en ese organismo.

¿Y la evaluación política del gobierno de la presidenta Bachelet frente a la emergencia? El tema se ha discutido mucho y la falla más grave parece haber sido la tardanza en decretar los estados de emergencia que permitieran a las fuerzas armadas restablecer el orden público y evitar los saqueos.

Será la ciudadanía la que evaluará en definitiva si es que la actuación de la presidenta Bachelet estuvo a la altura de las circunstancias.

Pero así como hubo instituciones que fallaron, otras, como la industria de los seguros, y sus supervisores, parecen haber pasado la prueba. Más de US$ 7.500 millones en siniestros pagados y cientos de miles de personas que, en un plazo razonable, recibieron indemnizaciones. La industria de la construcción sale bien parada también. Impresiona a nivel internacional la poca gravedad de los daños en las edificaciones y especialmente el bajo número de víctimas, dada la magnitud del sismo y maremoto.

La controversia sobre lo que pasó el 27 F se ha extendido ahora a la reconstrucción. Está claro que los daños fueron muy importantes. 370.000 viviendas destruidas de las cuales 220.000 fueron calificadas como de familias vulnerables o clase media necesitada; destrucción o daños en 354 establecimientos de salud estatal y 469 escuelas y colegios.

En infraestructura pública más de 2.000 kilómetros de carreteras, 220 puentes, 9 aeropuertos y 45 puertos seriamente afectados. A esto se agregan numerosos daños en patrimonio cultural, edificios públicos, etc.

La Concertación, con excepciones como la del senador Ignacio Walker, afirma que la reconstrucción ha sido lenta. La estrategia que ha elegido la oposición en este caso tiene sus riesgos, pues si su discurso difiere demasiado de la realidad, no hace más que desprestigiarse.

Y lo cierto es que ciertas áreas de la reconstrucción han funcionado muy bien. La conectividad del país se restableció con rapidez y la labor en materia de recuperación de la infraestructura pública, especialmente en vialidad ha sido notable. Con 2.500 obras incluyendo puentes, puertos, aeropuertos, represas, caminos y obras de regadío se logró rápidamente llegar a un 99,8% de avance en la tarea de reconstrucción. Punto para el Ministerio de Obras Públicas.

En vivienda, se entregaron ya 220.000 subsidios y la construcción ha ido más lenta, como era de esperar, pero ya hay 136 mil viviendas en construcción y 72 mil se terminaron. Un ritmo 3 veces mayor al de la reconstrucción luego del sismo de Tarapacá. La necesidad de innovar en las formas tradicionales de contratación de viviendas hizo que la partida fuera lenta, pero ya adquirió el ritmo necesario.

En infraestructura de salud y educación los avances son también importantes, alcanzando a 93% y 75%.

Un esfuerzo notable, que sumado al aporte privado en donaciones que está cambiando la cara al borde costero de las regiones sexta y séptima, será en dos años más una realidad indesmentible frente a los ojos de los chilenos.